Por: José Márquez Ceas
MBA, Economista
26 julio 2017
Hay una serie de principios y valores éticos que están presentes en el quehacer y en los procedimientos de la Unión Europea (UE), y que están fundamentados en la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, Resolución 217 A (III).
Desde la constitución de la UE los estados miembros declararon que los valores comunes en que estaría basada la Unión son: libertad, democracia, respeto de los derechos humanos, legalidad, dignidad humana, igualdad, y derechos de las minorías. Otros valores presentes son: la no discriminación, la tolerancia, justicia, solidaridad e igualdad de género. Todo este conjunto de valores es lo que constituye el marco referencial, cuando hablamos de ética en la UE.
La corrupción, definida como la falta de ética en las actuaciones de un individuo, un partido político, una empresa, o un gobierno, es un mal que está presente no solamente en Europa sino también en otros continentes. Por ello, desde la crisis financiera global, los ciudadanos europeos y de otros continentes están más atentos a los escándalos de corrupción en sus respectivos países. El fuerte vínculo entre poderes políticos e intereses empresariales privados está en el punto de mira de los ciudadanos, ya que esta vinculación conduce a conflictos de intereses cuando se piensa en términos de bienestar común.
Varias actuaciones contra la corrupción arrojaron la aprobación de un cuerpo de normas de carácter general para combatir este mal, entre las que podemos citar: la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (2003), los Veinticinco principios para combatir la corrupción (1999, Coalición Mundial para África). También se produjeron normas orientadas a las empresas, como el Code of Ethics and Business Integrity Management System de la International Federation of Consulting Engineers (2002), y la World Economic Forum´s Partnershinp against Corruption Initiative (2004), entre otros.
Como ejemplos de corrupción podemos señalar los fichajes de antiguos cargos políticos, para trabajar en grandes empresas multinacionales, como ocurre en países de la UE y en países situados en otros continentes, donde algunas cámaras empresariales se vinculan a los gobiernos para defender intereses gremiales. Estas actuaciones ponen en peligro la soberanía popular, la democracia y la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. La falta de delimitación entre el poder financiero-privado y el político hace que el interés privado se sitúe por encima del interés público.
También se dan muchos casos de funcionarios públicos que aceptan regalos caros, coimas y sobornos, para favorecer intereses privados en las licitaciones de obras públicas de gran envergadura. Un caso de esta naturaleza es el de la empresa brasileña Odebrecht, que ha llevado a acusar de corrupción a presidentes, expresidentes y otros funcionarios públicos de alto nivel, en varios países latinoamericanos.
Muchos actos de corrupción en países europeos y de otros continentes, son para favorecer intereses privados en los procesos de privatización de entidades que prestan servicios públicos, como: gas natural, energía eléctrica, telecomunicaciones, agua y alcantarillado, sanidad y salud, etc. También están los actos de corrupción que buscan influir en las reglas de los propios países, por ejemplo las relacionadas en Europa con el consumo de tabaco u otros productos aditivos.
La falta de rendición de cuentas preocupa en Europa y en otros continentes. La opacidad informativa oscurece la actividad política. Un ejemplo es el caso Gürtel, que trata de una ¨donación¨ de más de 300,000 euros para el Partido Popular (PP), de Mariano Rajoy, durante las elecciones generales del 2011. El 26 de julio 2017 Rajoy fue llamado por la Audiencia Nacional española a declarar como testigo, en carácter de antiguo secretario del PP. Otro caso parecido es el ¨rusiagate¨, que ha puesto en apuros a la administración Trump, de los EE.UU., por los turbios manejos ocurridos antes de las elecciones presidenciales recientes. Estas acciones ¨políticas¨ son a todas luces antiéticas.
Al hablar de ética también debemos considerar la transparencia del lobby, o sea, de las gestiones que individuos o colectivos llevan a cabo tratando de influir en diputados, senadores, parlamentarios, etc., para conseguir que éstos legislen a favor de sus intereses. En todos los países los lobistas operan para satisfacer intereses privados particulares, sin informar a los ciudadanos que carecen de participación y conocimiento de los procesos que se llevan a cabo, y en los que muchas veces se ven afectados.
Como parte de los intentos en Europa por controlar estas acciones están los esfuerzos de varias ONG que decidieron crear conciencia de la necesidad de controlar el lobby a través del Proyecto EU-Citizens, un registro de lobby obligatorio y accesible al público para controlar a los grupos de presión, cuyas gestiones tienen grandes riesgos de crear conflictos de intereses. El personal de los comisarios europeos se siente satisfecho con el registro de lobby implantado hace un año en la UE, pero las ONG impulsoras del proyecto EU-Citizens denunciaron que la inscripción en el registro es voluntaria y por lo tanto es poco efectivo.
En la UE hay una notable resistencia política a la cultura de transparencia, y es difícil entender tanta resistencia y conformismo en ese sentido, dado que las instituciones europeas están viviendo una crisis de credibilidad, que podría solventarse desde la transparencia, la ética y una mayor participación ciudadana en las cuestiones europeas, respondiendo así a las demandas ciudadanas de democracias reales y participativas.
Otro problema preocupante en Europa y en otros continentes, es la falta de ética del sector financiero-bancario-seguros, donde las entidades de este sector actúan en función de los intereses de los grupos financieros a los que pertenecen, obedeciendo a la consigna de ¨maximizar las utilidades del grupo¨, aunque algunas actuaciones vayan en perjuicio del consumidor de esos servicios.
Ejemplos de este proceder son: (1) la manipulación de las tasas Libor y Euribor, realizada por bancos europeos; (2) el caso de bancos europeos que estafaron a los clientes con emisiones garantizadas con hipotecas basura; y (3) los fraudes cometidos por bancos y cajas de ahorro españoles, con el caso de las acciones preferentes y el de los contratos de adhesión con cláusulas ¨piso¨ para los intereses. Muchas personas fueron afectadas con estas actuaciones bancarias en donde la ética brilló por su ausencia.
El ¨principio¨ que rige las actuaciones de las empresas privadas en Europa y en otros continentes, parece ser: todo lo que no es ilegal es permitido, sin importar que se afecten los intereses generales de la ciudadanía. Cuando las empresas privadas o públicas aplican dicho ¨principio¨, faltan a la ética más elemental y actúan cínicamente. También proceden cínicamente los grandes bancos y empresas, en Europa y en otros continentes, cuando incluyen en sus presupuestos operativos las estimaciones de las multas que los organismos de control les podrían imponer por acciones como las señaladas en el párrafo anterior. A pesar de ser multas millonarias, son menores que las utilidades percibidas por las empresas, por lo que siempre habrá un incentivo para seguir cometiendo esas faltas.
Al hablar de falta de ética en la UE y en otros continentes, incluimos a bancos, despachos de abogacía, firmas contables, consultores financieros, consultores de seguros, especialistas fiscales, y otros especialistas, cuya finalidad es que sus clientes (individuos o empresas), evadan el pago de impuesto en los países de origen, trasladando esas utilidades a ¨paraísos fiscales¨, usando para ello los mecanismos del ¨Shadow Banking¨ (Banca en la sombra), un tipo de banca que actúa fuera de los canales oficiales, y que se especializa en ayudar a cometer evasiones fiscales internacionales y posiblemente lavado de dinero. Muchos de esos ¨paraísos fiscales¨ están en Europa continental, incluyendo países de la zona del euro, y también en otros continentes.
Recientemente, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, destacó que "los valores de paz, libertad, tolerancia, solidaridad y respeto a la justicia no han cambiado desde su comienzo. Ninguna institución o individuo está por encima de la ley", y subrayó la necesidad de continuar luchando día a día por estos principios. Juncker agregó que "Nuestra democracia, nuestra diversidad y nuestra prensa libre e independiente son los pilares de la fuerza de Europa".
Después se dieron declaraciones similares por parte de algunos líderes de países miembros de la UE, entre los cuales cabe señalar a Ángela Merkel (Alemania) y Enmanuel Macron (Francia), quienes llamaron a luchar por el futuro de Europa e invitaron a fortalecer los esfuerzos para preservar la ética en los procesos y actuaciones de los individuos, las empresas del sector privado, las entidades del sector público, y los gobiernos.
Esperemos que al final todo esto no quede en simples declaraciones sino que haya un aumento de transparencia en los procesos y actuaciones a todos los niveles y que se reduzca sensiblemente la corrupción, con lo cual se lograría un incremento efectivo del nivel ético de la sociedad europea.
(Artículo publicado en la edición de agosto 2017 de la Revista Dracma, de Managua, Nicaragua)
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